miércoles, 15 de mayo de 2013
viernes, 19 de abril de 2013
Ellos se ocultan, el sistema les olvida
Ellos se ocultan, el sistema les olvida
La enfermedad mental, nunca bien atendida, sufre ahora el rigor económico
Los afectados se quejan de abandono institucional
El desmantelamiento de la red de salud mental hace que estos enfermos recaigan más o dejen de tomar la medicación / Getty
“Soy una madre mayor, no sé qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté”. Elisa Tórtola tiene 74 años y le preocupa quién atenderá a su hijo de 43, que padece esquizofrenia paranoide desde los 27, cuando ella “no esté en este mundo”. Esta valenciana ni siquiera se ve con fuerzas para seguir con la presidencia de la Asociación para la Salud Integral del Enfermo Mental (ASIEM). El temor de Tórtola es compartido por muchos familiares. El entorno cercano es un eje fundamental para el cuidado de los enfermos mentales más graves. La falta de recursos, mermados además por los recortes, lastra el desarrollo de la red pública de atención que se venía tejiendo desde la década de los ochenta, cuando se decidió el cierre de los psiquiátricos (antiguos manicomios) y se trasladaron las unidades de salud mental a los hospitales generales.
Tragedias como la acontecida hace unos días en el Hospital Clínico de Málaga, donde un paciente agredió gravemente a otro en la unidad de agudos de salud mental del centro, han alertado sobre las consecuencias de los recortes. Precisamente en una comunidad en la que la red de atención es de las más desarrolladas del país, según los expertos. A falta de que la investigación abierta esclarezca lo sucedido, Conchi Cuevas, presidenta de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) en Andalucía advierte de que “es un fallo de la Administración por falta de recursos”. Y explica: “No puede haber dos personas contenidas mecánicamente (sujetas a la cama) en la misma habitación. Y menos sin vigilancia”. Ambas circunstancias contravenían el protocolo. Para Cuevas, este tipo de sucesos son puntuales —“no son más delincuentes”, subraya— . Pero considera además que este caso es un ejemplo de los riesgos derivados de los recortes. “Las unidades de agudos están colapsadas”, dice.
La tijera amenaza la implementación del modelo comunitario, en el que el paciente es atendido por un equipo multidisciplinar (psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, enfermeras), y con prestaciones terapéuticas, psicoterapéuticas y rehabilitadoras individualizadas, bien en centros u hospitales de día o en el domicilio. La red estaba desarrollada de manera desigual en las comunidades autónomas y los recortes también son distintos. No hay datos que puedan cuantificar ni lo uno ni lo otro. “Es imposible saber la relación de camas por habitante o de psiquiatras por enfermo”, se queja Eudoxia Gay, presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN).
Los enfermos, las organizaciones de familiares y de profesionales relacionados con la salud mental alertan, a falta de datos cuantificables, de lo que perciben en las consultas, en los servicios hospitalarios en los que trabajan o en sus casas. Hay merma de recursos, se despide personal eventual de las unidades de salud mental, hay menos camas, se reducen las subvenciones para asociaciones, se paraliza la investigación. En este sentido, Jerónimo Sáiz, presidente de la Fundación Española de Psiquiatría, señala que “las camas son el punto crítico”. “Las unidades de media y larga estancia en los hospitales generales tienen necesidades no cubiertas”, asegura el también jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.
Las consecuencias son graves, apuntan los expertos, en la calidad de vida de los enfermos y, por extensión, de su entorno. El estigma hace que la enfermedad mental sea prácticamente invisible, pero la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) estima, a partir de los datos de la Organización Mundial de Salud, que entre un 3% y un 4% de la población padece enfermedades mentales graves (esquizofrenia, trastorno bipolar y de la personalidad).
“Con el soporte adecuado pueden hacer una vida bastante normal”, afirma Gay. El hermano de Conchi Cuevas es un ejemplo de ello. Tiene 50 años, padece esquizofrenia paranoide y lleva una vida “normalizada”, relata la representante de Feafes en Andalucía. No siempre fue así. Pasó más de dos décadas “delirando”, según Cuevas, “hasta que entró en una comunidad terapéutica, se le dio un tratamiento adecuado, no solo farmacológico, sino también terapia y empoderamiento”. “Ahora ha recuperado su propia vida. Si él, que ha pasado tanto sufrimiento, se ha recuperado, tengo la esperanza de que todo el mundo pueda. Pero para eso, los representantes públicos tienen que recuperar la cordura. No quiero oír más que la atención sanitaria es un gasto, es inversión”, zanja.
La crisis resquebraja el modelo de atención comunitaria que ni siquiera “había terminado de desarrollarse”, según Gay. El presidente de Feafes, José María Sánchez, denuncia que otros recortes están afectando negativamente al tratamiento de la enfermedad mental. Así, Sánchez señala que el copago farmacéutico, la exclusión de los inmigrantes del sistema nacional de salud y los recortes en dependencia ahondan los problemas del colectivo. Si bien, los avances han ido acabando con aquellos centros.
“La Ley de Dependencia desde el inicio ignoró en gran medida al enfermo psiquiátrico grave. Por ejemplo, a la esquizofrenia. Estaba poco puntuada y los pacientes recibían pocas ayudas”, recalca Miguel Gutiérrez, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. En este sentido, el doctor Sáiz señala que “algunas enfermedades mentales son invalidantes, con tendencia a recaer e incluso limitan el autocuidado”. Por eso Elisa Tórtola, madre de enfermo mental y presidenta de ASIEM, considera que el colectivo “está olvidado desde siempre”. “Con la dependencia llueve sobre mojado; ahora le bajan el grado a mucha gente y le quitan la prestación”, denuncia.
El fin del modelo asilar previo a la reforma de 1986, en el que había mezcla de pacientes de diferentes edades y patologías en distintos grados en un solo centro, normalmente apartado de las ciudades, debía dar paso a una red de estructuras asistenciales, desde la unidad de salud mental en el hospital, hasta centros de día, atención domiciliaria o programas más avanzados como el asertivo-comunitario (basado en un seguimiento estrecho del médico, que busca al paciente y no al revés). El desmantelamiento de esta red dejándola en lo básico (las unidades hospitalarias) provoca que los enfermos recaigan con más frecuencia, a veces dejan la medicación y, en definitiva, acuden más a urgencias y aumenta el gasto sanitario, apunta el presidente de Feafes. “Se rompe el tratamiento continuado”, alerta Sánchez.
Los resultados del informe Efectividad de un programa de tratamiento asertivo comunitario para pacientes con trastorno mental grave, publicado en la Revista de Psicopatología y Psicología Clínica y elaborado por los doctores José López-Santiago, Luis V. Blas y Mónica Gómez, que estudiaron durante meses a los enfermos que se sometían a esta terapia en el Hospital Universitario de Albacete, corroboran que este tipo de programas reducen los ingresos en un 60% y las visitas de urgencias en un 80%. Los autores consideran que el éxito del programa se debe a que la atención es “más intensiva, integral, comunitaria y centrada en las necesidades del paciente”, mientras que el tratamiento previo recibido se basaba fundamentalmente “en un modelo de consultas psiquiátricas ambulatorias en las que era el paciente el que tenía que adaptarse a las características del dispositivo”.
Pese a que los resultados son positivos en términos económicos y de salud, aumentan la adherencia a la medicación y reducen las recaídas, estos programas personalizados son caros y son los primeros que sufren los recortes. “¿Quién va a estar pendiente de si se toma la medicación?”, se pregunta Tórtola. “Este problema existe pero nos callamos para no aumentar el estigma”, añade. La carencia de recursos para terapias personalizadas que impidan el abandono de la medicación ha sido una constante para las familias, en las que recae la responsabilidad de controlar y medicar a sus parientes enfermos. “No es que no queramos hacernos cargo, pero no somos especialistas”, alerta Sánchez, de Feafes.
R. B., que prefiere permanecer en el anonimato, tiene un hijo de 34 años con trastorno de la personalidad. Durante años se ha encargado sola — “el padre se desentendió”, lamenta— de que se tomara sus pastillas. “Pero no puedo estar todos los días obligándole a tomarse la medicación”, relata con una voz cansada. Esta madre, residente en Valencia, se dice afortunada porque, desde hace unas semanas, una enfermera acude semanalmente a su domicilio a controlar la salud al enfermo. R. B. ha temido en ocasiones por la vida de su hijo. Y por la suya. Pero le resta importancia y subraya que lo que más le hace sufrir es ver cómo “se le pasa la vida” a su hijo. “No quiere ni salir de casa”, explica al borde del llanto.
El rechazo social que sufren los enfermos mentales y sus familias es muy fuerte, dicen los afectados, tanto que en muchas ocasiones el silencio es autoimpuesto. Por eso, dice el doctor Sáiz, “es un colectivo poco reivindicativo e invisible”. Normalmente son las familias las que se asocian para intercambiar información y darse apoyo entre ellas. Pero la virulencia de los recortes lo ha hecho emerger a la esfera pública. “No podemos consentir que nos digan que no hay camas, ni pisos tutelados o que las listas de espera se alarguen tanto”, se enoja Cuevas.
Las asociaciones de familiares y usuarios, que en ocasiones prestan servicios de apoyo allí donde la Administración no llega, también padecen la tijera presupuestaria. Bien lo saben en Valencia. “Se ha recortado drásticamente la atención a la recuperación y rehabilitación que se venía dando de forma casi totalmente privada por las asociaciones de familiares con ayudas parcialmente subvencionadas por Bienestar Social”, alerta Julián Marcelo, miembro de ASIEM. “Por falta de financiación no pueden ni sostenerse las ya escasas plazas de centros de media estancia, de centros de rehabilitación y centros de día. Sin hablar de los prácticamente desaparecidos programas de capacitación u orientación, incluso de los financiados con fondos europeos”, añade.
La recesión económica no solo ha reducido los recursos de atención y promoción de la salud mental, sino que es “un caldo de cultivo”, según Gay, de la Sociedad española de neuropsiquiatría, para que aumenten los casos de depresión o ansiedad. Un 25% de la población, según señala el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, sufrirá algún tipo de enfermedad mental común a lo largo de su vida. El paro, la pobreza o la pérdida de la vivienda incrementan las posibilidades de que ese momento sea ahora. “Habrá que hacer un debate sobre cómo priorizar los recursos y reorientarlos allí donde son más necesarios”, concluye Miguel Bernardo Arroyo, presidente Sociedad Española de Psiquiatría Biológica.
Pese a que entonces ya existían agrupaciones de familiares, no se sentían identificados. “Queríamos nuestro espacio”, explica Arévalo. “Vamos caminando, establecemos estrategias y compartimos conocimiento”, detalla este afectado de enfermedad mental. “Somos los que mejor conocemos nuestras necesidades y damos cursos de autoayuda, de derechos humanos e incluso hemos contratado a un periodista como portavoz”, continúa. Esto último es muy importante en un momento de recortes en los que han percibido la importancia de alzar un poco más su mensaje.
Este andaluz empezó a notar que “algo no iba bien” a los 18 años. “Tenía fases de euforia y luego, depresión”. Pero hasta los 30 no le diagnosticaron. Por experiencia sabe muy bien que cuando el médico da con la enfermedad se pasa una fase de negación. “En el grupo de ayuda decimos que la peor lucha es con uno mismo”.
Después llega la batalla contra el estigma social. “No está solo en los medios, sino también en las familias, incluso en los servicios de salud”, asegura. “A veces vamos al médico con un dolor de espalda y los doctores, al ver tu enfermedad, obvian por lo que habías ido”. “Hablar de enfermedad mental todavía se relaciona con algo oscuro, peligroso”, se queja.
Pero Arévalo, que tuvo que dejar —“me jubilé”, afirma— en 2002 su trabajo como trabajador social, no se resigna a que esa sea la imagen imperante de sus “compañeros” y él mismo. “La integración es posible. Pero la recuperación pasa por que adquiramos el control de nuestra vida”. En ese sentido, dice, es fundamental su inserción laboral, o al menos ocupacional.
“Una persona con enfermedad mental a lo mejor no puede soportar, por el estrés, una jornada de ocho horas, pero si una de cuatro y con trabajos más mecánicos o manuales”, explica Arévalo. Pero la administración no favorece estas oportunidades y el estigma es una losa en cualquier entrevista para lograr un empleo.
Arévalo colabora con otras ONG, además de la que preside, ayudando a personas en riesgo de exclusión social. Contesta casi a cualquier hora del día el teléfono de la organización que dirige. Para lograr sus objetivos, cualquier momento es bueno para derrumbar el muro del estigma. “En primera persona” y con “voz propia”.
Tragedias como la acontecida hace unos días en el Hospital Clínico de Málaga, donde un paciente agredió gravemente a otro en la unidad de agudos de salud mental del centro, han alertado sobre las consecuencias de los recortes. Precisamente en una comunidad en la que la red de atención es de las más desarrolladas del país, según los expertos. A falta de que la investigación abierta esclarezca lo sucedido, Conchi Cuevas, presidenta de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) en Andalucía advierte de que “es un fallo de la Administración por falta de recursos”. Y explica: “No puede haber dos personas contenidas mecánicamente (sujetas a la cama) en la misma habitación. Y menos sin vigilancia”. Ambas circunstancias contravenían el protocolo. Para Cuevas, este tipo de sucesos son puntuales —“no son más delincuentes”, subraya— . Pero considera además que este caso es un ejemplo de los riesgos derivados de los recortes. “Las unidades de agudos están colapsadas”, dice.
La tijera amenaza la implementación del modelo comunitario, en el que el paciente es atendido por un equipo multidisciplinar (psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, enfermeras), y con prestaciones terapéuticas, psicoterapéuticas y rehabilitadoras individualizadas, bien en centros u hospitales de día o en el domicilio. La red estaba desarrollada de manera desigual en las comunidades autónomas y los recortes también son distintos. No hay datos que puedan cuantificar ni lo uno ni lo otro. “Es imposible saber la relación de camas por habitante o de psiquiatras por enfermo”, se queja Eudoxia Gay, presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN).
Los enfermos, las organizaciones de familiares y de profesionales relacionados con la salud mental alertan, a falta de datos cuantificables, de lo que perciben en las consultas, en los servicios hospitalarios en los que trabajan o en sus casas. Hay merma de recursos, se despide personal eventual de las unidades de salud mental, hay menos camas, se reducen las subvenciones para asociaciones, se paraliza la investigación. En este sentido, Jerónimo Sáiz, presidente de la Fundación Española de Psiquiatría, señala que “las camas son el punto crítico”. “Las unidades de media y larga estancia en los hospitales generales tienen necesidades no cubiertas”, asegura el también jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.
Las consecuencias son graves, apuntan los expertos, en la calidad de vida de los enfermos y, por extensión, de su entorno. El estigma hace que la enfermedad mental sea prácticamente invisible, pero la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) estima, a partir de los datos de la Organización Mundial de Salud, que entre un 3% y un 4% de la población padece enfermedades mentales graves (esquizofrenia, trastorno bipolar y de la personalidad).
“Con el soporte adecuado pueden hacer una vida bastante normal”, afirma Gay. El hermano de Conchi Cuevas es un ejemplo de ello. Tiene 50 años, padece esquizofrenia paranoide y lleva una vida “normalizada”, relata la representante de Feafes en Andalucía. No siempre fue así. Pasó más de dos décadas “delirando”, según Cuevas, “hasta que entró en una comunidad terapéutica, se le dio un tratamiento adecuado, no solo farmacológico, sino también terapia y empoderamiento”. “Ahora ha recuperado su propia vida. Si él, que ha pasado tanto sufrimiento, se ha recuperado, tengo la esperanza de que todo el mundo pueda. Pero para eso, los representantes públicos tienen que recuperar la cordura. No quiero oír más que la atención sanitaria es un gasto, es inversión”, zanja.
La crisis resquebraja el modelo de atención comunitaria que ni siquiera “había terminado de desarrollarse”, según Gay. El presidente de Feafes, José María Sánchez, denuncia que otros recortes están afectando negativamente al tratamiento de la enfermedad mental. Así, Sánchez señala que el copago farmacéutico, la exclusión de los inmigrantes del sistema nacional de salud y los recortes en dependencia ahondan los problemas del colectivo. Si bien, los avances han ido acabando con aquellos centros.
“La Ley de Dependencia desde el inicio ignoró en gran medida al enfermo psiquiátrico grave. Por ejemplo, a la esquizofrenia. Estaba poco puntuada y los pacientes recibían pocas ayudas”, recalca Miguel Gutiérrez, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. En este sentido, el doctor Sáiz señala que “algunas enfermedades mentales son invalidantes, con tendencia a recaer e incluso limitan el autocuidado”. Por eso Elisa Tórtola, madre de enfermo mental y presidenta de ASIEM, considera que el colectivo “está olvidado desde siempre”. “Con la dependencia llueve sobre mojado; ahora le bajan el grado a mucha gente y le quitan la prestación”, denuncia.
El fin del modelo asilar previo a la reforma de 1986, en el que había mezcla de pacientes de diferentes edades y patologías en distintos grados en un solo centro, normalmente apartado de las ciudades, debía dar paso a una red de estructuras asistenciales, desde la unidad de salud mental en el hospital, hasta centros de día, atención domiciliaria o programas más avanzados como el asertivo-comunitario (basado en un seguimiento estrecho del médico, que busca al paciente y no al revés). El desmantelamiento de esta red dejándola en lo básico (las unidades hospitalarias) provoca que los enfermos recaigan con más frecuencia, a veces dejan la medicación y, en definitiva, acuden más a urgencias y aumenta el gasto sanitario, apunta el presidente de Feafes. “Se rompe el tratamiento continuado”, alerta Sánchez.
Los resultados del informe Efectividad de un programa de tratamiento asertivo comunitario para pacientes con trastorno mental grave, publicado en la Revista de Psicopatología y Psicología Clínica y elaborado por los doctores José López-Santiago, Luis V. Blas y Mónica Gómez, que estudiaron durante meses a los enfermos que se sometían a esta terapia en el Hospital Universitario de Albacete, corroboran que este tipo de programas reducen los ingresos en un 60% y las visitas de urgencias en un 80%. Los autores consideran que el éxito del programa se debe a que la atención es “más intensiva, integral, comunitaria y centrada en las necesidades del paciente”, mientras que el tratamiento previo recibido se basaba fundamentalmente “en un modelo de consultas psiquiátricas ambulatorias en las que era el paciente el que tenía que adaptarse a las características del dispositivo”.
Pese a que los resultados son positivos en términos económicos y de salud, aumentan la adherencia a la medicación y reducen las recaídas, estos programas personalizados son caros y son los primeros que sufren los recortes. “¿Quién va a estar pendiente de si se toma la medicación?”, se pregunta Tórtola. “Este problema existe pero nos callamos para no aumentar el estigma”, añade. La carencia de recursos para terapias personalizadas que impidan el abandono de la medicación ha sido una constante para las familias, en las que recae la responsabilidad de controlar y medicar a sus parientes enfermos. “No es que no queramos hacernos cargo, pero no somos especialistas”, alerta Sánchez, de Feafes.
R. B., que prefiere permanecer en el anonimato, tiene un hijo de 34 años con trastorno de la personalidad. Durante años se ha encargado sola — “el padre se desentendió”, lamenta— de que se tomara sus pastillas. “Pero no puedo estar todos los días obligándole a tomarse la medicación”, relata con una voz cansada. Esta madre, residente en Valencia, se dice afortunada porque, desde hace unas semanas, una enfermera acude semanalmente a su domicilio a controlar la salud al enfermo. R. B. ha temido en ocasiones por la vida de su hijo. Y por la suya. Pero le resta importancia y subraya que lo que más le hace sufrir es ver cómo “se le pasa la vida” a su hijo. “No quiere ni salir de casa”, explica al borde del llanto.
El rechazo social que sufren los enfermos mentales y sus familias es muy fuerte, dicen los afectados, tanto que en muchas ocasiones el silencio es autoimpuesto. Por eso, dice el doctor Sáiz, “es un colectivo poco reivindicativo e invisible”. Normalmente son las familias las que se asocian para intercambiar información y darse apoyo entre ellas. Pero la virulencia de los recortes lo ha hecho emerger a la esfera pública. “No podemos consentir que nos digan que no hay camas, ni pisos tutelados o que las listas de espera se alarguen tanto”, se enoja Cuevas.
Las asociaciones de familiares y usuarios, que en ocasiones prestan servicios de apoyo allí donde la Administración no llega, también padecen la tijera presupuestaria. Bien lo saben en Valencia. “Se ha recortado drásticamente la atención a la recuperación y rehabilitación que se venía dando de forma casi totalmente privada por las asociaciones de familiares con ayudas parcialmente subvencionadas por Bienestar Social”, alerta Julián Marcelo, miembro de ASIEM. “Por falta de financiación no pueden ni sostenerse las ya escasas plazas de centros de media estancia, de centros de rehabilitación y centros de día. Sin hablar de los prácticamente desaparecidos programas de capacitación u orientación, incluso de los financiados con fondos europeos”, añade.
La recesión económica no solo ha reducido los recursos de atención y promoción de la salud mental, sino que es “un caldo de cultivo”, según Gay, de la Sociedad española de neuropsiquiatría, para que aumenten los casos de depresión o ansiedad. Un 25% de la población, según señala el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, sufrirá algún tipo de enfermedad mental común a lo largo de su vida. El paro, la pobreza o la pérdida de la vivienda incrementan las posibilidades de que ese momento sea ahora. “Habrá que hacer un debate sobre cómo priorizar los recursos y reorientarlos allí donde son más necesarios”, concluye Miguel Bernardo Arroyo, presidente Sociedad Española de Psiquiatría Biológica.
“Para recuperarse hay que tomar el control sobre la vida”
José Manuel Arévalo, de 46 años, preside En Primera Persona, organización constituida solo por enfermos mentales para defender sus derechos. Él padece trastorno bipolar, y hace una década se reunió con otros “compañeros” porque tenían la necesidad de “representarse a sí mismos”.Pese a que entonces ya existían agrupaciones de familiares, no se sentían identificados. “Queríamos nuestro espacio”, explica Arévalo. “Vamos caminando, establecemos estrategias y compartimos conocimiento”, detalla este afectado de enfermedad mental. “Somos los que mejor conocemos nuestras necesidades y damos cursos de autoayuda, de derechos humanos e incluso hemos contratado a un periodista como portavoz”, continúa. Esto último es muy importante en un momento de recortes en los que han percibido la importancia de alzar un poco más su mensaje.
Este andaluz empezó a notar que “algo no iba bien” a los 18 años. “Tenía fases de euforia y luego, depresión”. Pero hasta los 30 no le diagnosticaron. Por experiencia sabe muy bien que cuando el médico da con la enfermedad se pasa una fase de negación. “En el grupo de ayuda decimos que la peor lucha es con uno mismo”.
Después llega la batalla contra el estigma social. “No está solo en los medios, sino también en las familias, incluso en los servicios de salud”, asegura. “A veces vamos al médico con un dolor de espalda y los doctores, al ver tu enfermedad, obvian por lo que habías ido”. “Hablar de enfermedad mental todavía se relaciona con algo oscuro, peligroso”, se queja.
Pero Arévalo, que tuvo que dejar —“me jubilé”, afirma— en 2002 su trabajo como trabajador social, no se resigna a que esa sea la imagen imperante de sus “compañeros” y él mismo. “La integración es posible. Pero la recuperación pasa por que adquiramos el control de nuestra vida”. En ese sentido, dice, es fundamental su inserción laboral, o al menos ocupacional.
“Una persona con enfermedad mental a lo mejor no puede soportar, por el estrés, una jornada de ocho horas, pero si una de cuatro y con trabajos más mecánicos o manuales”, explica Arévalo. Pero la administración no favorece estas oportunidades y el estigma es una losa en cualquier entrevista para lograr un empleo.
Arévalo colabora con otras ONG, además de la que preside, ayudando a personas en riesgo de exclusión social. Contesta casi a cualquier hora del día el teléfono de la organización que dirige. Para lograr sus objetivos, cualquier momento es bueno para derrumbar el muro del estigma. “En primera persona” y con “voz propia”.
jueves, 18 de abril de 2013
TVE, Tenemos que hablar, bonito programa.
iv class="VideoContainer" data-sust="false" data-permaLink="http://www.rtve.es/alacarta/videos/tenemos-que-hablar/tenemos-hablar-16-04-13/1769098/" data-assetID="1769098_es_videos" data-location="embed_videos" data-idManager="" itemprop="Video" itemscope itemtype="http://schema.org/VideoObject"> class="hddn" style="display: none; " itemprop="name">Tenemos que hablar -
martes, 9 de abril de 2013
RESPETO PARA LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
Sra. Dª. Susana Griso
Presentadora de Espejo Público. Antena 3
Televisión.
Avda. Isla Graciosa 13
28703San Sebastián de los Reyes. Madrid
En Málaga, 8 de abril de 2013
Sra. Griso,
Como en el mito de Sísifo, las
personas con enfermedad mental, sus familiares, los profesionales socio
sanitarios y todas las personas implicadas en la salud mental empujamos cuesta
arriba una pesada piedra, la del estigma y la discriminación que padecen estas
personas desde buena parte de la sociedad. Tan pesada que está reconocida como
una “segunda enfermedad” y como principal obstáculo para la recuperación. Pese
a los progresos realizados en los últimos años en la concienciación social de
este problema y en corregir falsas creencias, en ocasiones algún suceso puntual
magnificado por medios de comunicación deshace nuestro trabajo, la piedra
escapa de nuestras manos rodando con fuerza cuesta abajo y nos obliga a empezar
de nuevo.
Hace unos días, un incidente en una
unidad de hospitalización de Málaga en la que un interno ha agredido a otro, ha
sido utilizado por su programa para seguir extendiendo ideas erróneas sobre la
enfermedad mental grave y perpetuando así el estigma. En concreto, me refiero a la información sacada el pasado
5 de abril en Espejo Público en el que
presentaban a una persona con un problema grave e ingresado en la unidad de
agudos en ese momento con comentarios como “…un enfermo peligroso…”, “…era un
tío peligroso…” y abordando la
información de forma absolutamente imparcial ya que en ningún momento salió
nadie en defensa de esta persona.
En referencia a los
comentarios sobre la Ley General de Sanidad de 1986 que puso en marcha la
reforma psiquiátrica, decires que con esa reforma se nos equiparaba con otros
países de Europa (que ya habían hecho las suyas en los años 60 y 70), hombres y
mujeres encerrados en manicomios, en condiciones infrahumanas, pasaban a
considerarse ciudadanos con el derecho a recibir un tratamiento adecuado, del
mismo modo que si tuviesen cualquier otro tipo de enfermedad. Bien, desde la Federación somos absolutos defensores de
esta reforma, la reforma no falló, fallaron muchos de los conceptos que,
todavía hoy, reclamamos desde el movimiento asociativo: rehabilitación,
reinserción, atención integral, ámbito comunitario,…, en definitiva fallaron
servicios. Servicios que desde su
programa podrían aprovechar e reivindicar, y así poner su granito de arena cada
vez que una noticia de estas sale por antena.
Quizás ese debería ser el camino y
no el de sacar una información impregnada de la atmósfera de las películas de
terror. Una tentación fácil a la hora de visualizar la enfermedad mental:
dolor, sufrimiento, violencia, crimen, asesinato… Utilizar el morbo de estos titulares
para llamar la atención del público supone una falta de ética profesional,
responsabilidad, y agresión a los derechos de imagen del colectivo, que además
están protegidos por una normativa al más alto nivel, y por tanto podrían ser
objeto de denuncia legal.
La evidencia científica nos dice
que las personas con trastornos mentales graves no son más violentas que las
demás. Al contrario, suelen ser víctimas y no agresoras. Su enfermedad las
convierte en objeto de desprecio, burla y violencia, una situación que no se da
en otras patologías.
Mire si lo que buscan es
sensacionalismo sigan utilizando la información sobre personas con enfermedad
mental envuelta en un manto de ignorancia, prejuicios, miedo y desprecio, pero
sepa que esta enfermedad puede afectar a
una de cada cuatro personas a lo largo de su vida, lo que en la práctica
afectaría a todas las familias, incluida la suya. Pero si lo que quiere es dar
un tratamiento correcto y esperado de profesionales informados y conscientes de
la delicada situación que vivimos respecto a la imagen de la enfermedad mental,
póngase en contacto con nosotros o con cualquier asociación de personas con
enfermedad mental que hay en toda España. Yo por mi parte me pongo a su entera
disposición para lo que necesite.
Sra. Griso noticias con un
tratamiento sensacionalista y basadas en justificar hechos violentos usando la
enfermedad mental como detonante provocan un daño irreparable a personas,
familiares y profesionales que día a día luchan contra el estigma al que les somete
la sociedad y que relega su sufrimiento a un segundo plano. Tengan en cuenta
que la información que recibe la sociedad sobre la enfermedad mental proviene
casi exclusivamente de los medios de comunicación. Si se distorsiona de forma
negativa, se ataca directamente a la propia concepción de la enfermedad que
tienen las personas que la padecen, influyendo negativamente en su autoestima,
la aceptación de la enfermedad o la posibilidad de buscar ayuda profesional. Y
por supuesto, también les afecta, indirectamente, al reforzar las concepciones
negativas que de la enfermedad mental tiene la sociedad.
Por todo ello, desde la Federación
que presido decimos Basta Ya de acercarse a la enfermedad mental con las ideas
preconcebidas que han estigmatizado durante siglos a las personas con esas
patologías y a sus familias. Pedimos que los medios de comunicación en general
y el suyo en particular y los programas de entretenimiento sean responsables y
en todo caso se informen e informen sobre salud mental en los términos justos y
objetivos: de la necesidad de la promoción de la salud mental de las personas
como parte indivisible de su salud y bienestar y de los avances en el
tratamiento y recuperación de las enfermedades mentales, que pueden afectar a
cualquier persona.
La pesada piedra del estigma de la
enfermedad mental puede aplastarnos de forma individual, pero si la manejamos
entre todos puede hacerse tan llevadera hasta que ni la percibamos y
desaparezca.
Espero que tenga en cuenta nuestros
argumentos, y le ruego su intervención para que, al menos en su programa,
desaparezca en sensacionalismo ligado a la enfermedad mental. Aprovecho para
hacerle llegar un ejemplar de la guía de
buenas prácticas para los medios de comunicación en el tratamiento de esta
enfermedad y discapacidad.
Un saludo,
Fdo.:
Concepción Cuevas González.
lunes, 31 de diciembre de 2012
martes, 27 de marzo de 2012
Opinión: ANTONIO AVENDAÑO. 25-M: el día en que se equivocaron todos (menos uno)
Amarga victoria del PP y dulce derrota del PSOE. En 1996, la célebre frase de Felipe González fue solo una frase, tal vez no exenta de resentimiento, que la realidad se ocupó de desmentir en pocas semanas. En 2012 la frase no es solo una frase: es la fiel descripción de lo que ayer sucedió en Andalucía. El Partido Popular obtuvo la más amarga de sus victorias: la victoria que sabe de sí misma es cualquier cosa menos una victoria propiamente.
Las primeras pistas del desastre que se avecinaba las daba el número dos del PP andaluz, Antonio Sanz, cuando todavía no eran las nueve de la noche y no había datos fiables del escrutinio recién comenzado. La pista no fueron las convencionales y poco convincentes palabras de Sanz. La pista era su cara. No había pasado una hora desde el cierre de los colegios, pero la suya no era la cara de un vencedor. Se felicitó por la victoria del PP en Andalucía, pero se felicitó poco y mal, se felicitó desganadamente, como intuyendo que la noche más hermosa que habían augurado todas las encuestas había de convertirse una hora y media después en la noche más amarga para la derecha andaluza en los 35 años de democracia. La felicidad en política se mide por el grado de cumplimiento de las expectativas, y la del PP en estas elecciones eran las más altas que nunca tuvo a este lado de Despeñaperros. Por una vez tenía el Gobierno de Andalucía al alcance de la mano. Lo decía todo el mundo. Lo creía todo el mundo. Tenía a su favor el paro desbocado, el escándalo de los ERE y el cansancio de treinta años de mandatos socialistas.
Arenas ha perdido demasiados votos para no quedar políticamente malherido
Y sin embargo no pudo ser: en las andaluzas del 25-M Javier Arenas ha perdido 400.000 votos con respecto a las generales del 20-N. Demasiados votos para no quedar políticamente malherido. Desde el balcón de la sevillana calle San Fernando, Javier Arenas supo aguantar el tipo, como intentaban aguantarlo los ministros Cristóbal Montoro y Fátima Báñez, el alcalde de Sevilla y la alcaldesa de Cádiz o el propio Antonio Sanz. Bajo el balcón de la sede popular reinaba la desolación. Los aplausos apagados apenas llegaban hasta el concurrido balcón. Báñez procuraba conservar su sonrisa, pero la pobre no podía advertir que la suya era una sonrisa mortalmente helada. Montoro estaba serio como sólo sabe estarlo un ministro de Economía en tiempos de crisis y sin un expresidente socialista a mano al que poder seguir echándole la culpa de todo. El alcalde Zoido dejaba caer su cabeza sobre el pecho, como sin fuerza para sostenerla vertical. Y Sanz... ay, Sanz: la intervención de Arenas duró demasiado tiempo y a medida que pasaban los minutos la mirada de Sanz se volvía cada vez más lejana y más perdida. Es duro ganar sabiendo que tu victoria es puramente nominal. Que tu victoria no es una victoria, sino una sombra, una ficción.
Un liderazgo con fecha de caducidad
Por su parte, Javier Arenas intentaba sonreír desde el balcón del PP, pero ni siquiera un artista de su talento era capaz de disimular la decepción de un aciago resultado que lo dejaba a cinco interminables escaños de la mayoría absoluta sin la cual le será ocupar el Palacio de San Telmo.Esta era su última oportunidad y él lo sabía. Sabía que lo era, pero estaba convencido de su victoria. Tras esta derrota, su futuro como líder de la derecha andaluza tiene fecha de caducidad. Nadie la conoce, pero la tiene. Puede que Mariano Rajoy lo haga ministro en su primera crisis de Gobierno, pero ya no será lo mismo que antaño. El Arenas que regrese a Madrid será la sombra de lo que fue. No será el hombre que le ganó al PSOE en Andalucía, sino que el hombre que no consiguió convencer a un número suficiente de andaluces pese a que lo tenía todo a su favor. Arenas no ha sumado, sino que ha restado, y cuando un político empieza a restar, sus días de gloria están contados.
¿Por qué no ha logrado el PP la victoria que esperaba lograr y que todos daban por segura? Realmente nadie lo sabe. Pocas veces unas elecciones habían deparado una sorpresa de tal envergadura. En principio, el PSOE no ha hecho una gran campaña. O al menos eso es lo que viene diciendo todo el mundo. Habrá que concluir que todo el mundo estaba equivocado. Pero es que en realidad el 25-M pasará a la historia política andaluza como el día en que todo el mundo se equivocó. Los encuestadores, los periodistas, los sociólogos, los políticos, los analistas... ¡Santo Dios, no acertó absolutamente nadie! Las razones de esa estruendosa falta de acierto habrá que ir buscándolas en los días venideros, pero será una búsqueda ventajista, una búsqueda que intentará ocultar en lo posible el hecho intelectual y políticamente crucial de que nadie había advertido la poderosísima corriente electoral de fondo que ha frenado el aparentemente imparable ascenso del PP desde las municipales de mayo pasado. Tal vez ha funcionado el olfato del pueblo andaluz, que sospecha que una derecha española sin contrapeso político ni territorial alguno es mal negocio para España y pésimo para Andalucía.
Un liderazgo en alza
En todo caso, el resultado da toda la razón al líder socialista José Antonio Griñán, artífice de la decisión de separar las elecciones andaluzas de las generales de noviembre. Esa decisión ha salvado al PSOE andaluz, desmoralizado y dividido tras el congreso federal que dio la victoria a Alfredo Pérez Rubalcaba frente a Carme Chacón, por quien Griñán había apostado. Esa decisión ha salvado también al propio Griñán, que podrá renovar su mandato como secretario general de los socialistas andaluces. Su estatura y su crédito político han crecido en un día lo que no habían crecido en tres años. Eso en el caso de que administre con sabiduría su dulce derrota. Y en esta ocasión la sabiduría consiste en escuchar atentamente lo que Izquierda Unida tenga que decir y tenga que proponer. Griñán tendrá que extremar su imaginación para ser capaz de ponerse en el lugar del otro, pues de la decisión de ese otro, que es IU, dependen muchas cosas: cosas que van más allá de Griñán y más allá de la propia IU.
IU es la gran vencedora de estas elecciones
Y precisamente IU es la gran vencedora de estas elecciones. La vencedora indiscutible, y no solo porque, con el tenaz Diego Valderas al frente, ha doblado su número de diputados pasando de seis a doce, sino porque el destino la ha situada en la encrucijada histórica más importante de toda su trayectoria, no sólo en Andalucía, sino en España. IU ya obtuvo un espléndido resultado en las andaluzas del 94, pero no supo administrarlo. No entendió entonces que un buen porcentaje de los votos conseguidos eran votos prestados, votos que una parte del electorado de la izquierda había decidido cederle para ver qué hacía con ellos. Con aquellos votos del 94 hizo una pinza y pagó un precio altísimo por ello. De hecho, se trata de un precio que ha venido pagando durante largos años. Precisamente hasta este 25-M en que la coalición ha adquirido un nuevo y poderoso brío.
Puede y debe marcarle el rumbo al PSOE, pero no puede ni debe humillarlo. Puede y deber promover un viraje del PSOE hacia la izquierda, pero no puede ni debe promoverlo de 180 grados porque entonces todos podríamos irnos a pique. No va a ser nada fácil. Los recortes que vienen son inevitables y gestionar esa inevitabilidad no va a ser fácil. Pero tampoco los andaluces van a pedir milagros a su Gobierno. No le pedirán que acabe con el paro porque saber que no puede hacerlo. Pero sí le pedirán otra manera de hacer las cosas, de hacerlas con más rigor, con más transparencia, con más sobriedad, con más cercanía hacia esa inmensa legión personas débiles y decentes que están pagando una durísima penitencia por los gravísimos pecados cometidos por otros.
De alguna manera el 25-M ha sido el día que en que todos se equivocaron. Periodistas, políticos, analistas... ¿Todos? Puede que no todos. Puede que el 25-M haya sido también el día en que un buen número de personas débiles y decentes tuvo el rasgo de lucidez y clarividencia que hizo posible lo que las élites que dicen representarlas creían imposible.
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